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Corte Suprema de Justicia de la Nación


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1 Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 24 de febrero de Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Universidad Nacional de Tucumán", para decidir sobre su procedencia. Considerando: Que esta Corte comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General de la Nación, al que se remite en razón de brevedad. Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que aquí se decide. Reintégrese el depósito de fs. 1. Agréguese la queja al principal, notifíquese y remítanse. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI. ES COPIA

2 Procuración General de la Nación Suprema Corte: -I- A fs. 778/779 (de los autos principales, a los que me referiré en adelante), la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó el fallo de primera instancia y, en consecuencia, hizo lugar al amparo promovido contra la Universidad Nacional de Tucumán (UNT en adelante) a fin de que los hijos de los actores sean considerados alumnos regulares de la Facultad de Medicina. Para así decidir, sostuvo que la Resolución N1 2388/88 del Consejo Superior de la UNT -que establecía que para cursar el primer año de la carrera había que tener rendido el Módulo Introductorio- fue modificada por la Resolución N1 926/89 de la Facultad de Medicina que, al exigir su aprobación, otorgó a dicho módulo carácter eliminatorio. Sin embargo, entendió que, a la fecha de ingreso de los amparistas (1998), esta cuestión carecía de interés, pues la resolución citada en último término había sido derogada tácitamente por la Ley de Educación Superior , que dispone la exclusividad del Consejo Superior para establecer los regímenes de admisión de alumnos y la obligación de adecuar los estatutos universitarios. En consecuencia, estimó que, aun cuando la Resolución N1 926/89 "pudo ser perfectamente válida en su momento", es manifiestamente arbitrario e ilegal que en 1998 la Facultad de Medicina la hubiera aplicado a situaciones posteriores a la vigencia de la nueva ley y el nuevo Estatuto. -II- Disconforme, la demandada interpuso recurso extraordinario de fs. 782/787 que, denegado, dio origen a la presente queja. Sostiene que la Resolución N1 926/89 fue dictada por -1-

3 el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina en virtud de lo dispuesto por los arts. 32, inc. 31 y 51 del Estatuto Universitario vigente al momento de su emisión, que asignaban competencia a las respectivas unidades académicas para regular lo concerniente al régimen de admisión de los aspirantes al ingreso. Agrega que, desde que se encuentran en vigencia la Ley de Educación Superior y el nuevo Estatuto de la UNT -que establecen que la regulación de tales cuestiones constituye una facultad del Consejo Superior desde los Consejos Directivos tienen vedado dictar nuevas normas al respecto debido a la nueva asignación de competencias. Sin embargo, entiende que, al no haber legislado el órgano máximo universitario acerca de la admisión e ingreso de los alumnos a las facultades, por el principio de ultraactividad de la ley, los reglamentos oportunamente dictados mantienen su vigencia hasta ser sustituidos por un "nuevo bloque de legalidad" o hasta que el órgano competente decida derogar expresamente la anterior reglamentación. Señala que el Consejo Superior ha tenido por válida y vigente la Resolución N1 926/89, que establece el Módulo Introductorio hasta el período correspondiente al ciclo lectivo 1999, puesto que, por Resolución N1 1736/98, dispuso suspenderlo durante ese año. Expresa que el pronunciamiento apelado contraría la doctrina de los actos propios, pues los actores se habían sometido libre y voluntariamente a las normas reglamentarias del ingreso a la Facultad de Medicina, en conocimiento de las consecuencias jurídicas que derivaban del sistema eliminatorio de admisión y, después de haber obtenido un resultado adverso, interpusieron el reclamo que dio origen a las presentes actuaciones. Finalmente, se agravia de que la Cámara invadió un ámbito reservado a la UNT, en virtud de la autonomía univer- -2-

4 Procuración General de la Nación sitaria consagrada por el art. 75, inc. 19, de la Constitución Nacional y por la ley , ya que entiende que el Poder Judicial sólo tiene facultad para analizar la constitucionalidad de las normas dictadas por la Universidad, pero no tiene potestad para dictarlas ni para determinar su derogación por vía interpretativa, por lo que se encontraría configurado un caso de gravedad institucional relacionado con la organización, división y funcionamiento de los poderes. -III- A mi modo de ver, el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que se encuentra en juego la aplicación e interpretación de normas de naturaleza federal -ley , Estatuto Universitario y resoluciones de autoridades universitarias- y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido contraria a las pretensiones del apelante. -IV- En cuanto al fondo del asunto, estimo que asiste razón a la recurrente, en cuanto sostiene que la Resolución N1 926/89, dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UNT, no fue "tácitamente derogada" a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior y de la aprobación del nuevo Estatuto Universitario, sino que mantiene su vigencia hasta tanto el Consejo Superior dicte la reglamentación correspondiente o la derogue en forma expresa. Cabe recordar que, en ejercicio de la competencia atribuida por el art. 75, inc. 19, de la Constitución Nacional, el Congreso dictó la ley , según la cual la educación superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel y debe garantizar crecientes niveles de calidad y exce- -3-

5 lencia en todas las opciones institucionales del sistema (Fallos: 319:3148, considerando 111). En lo que aquí interesa, el art. 29 define, en general, la autonomía académica e institucional de las universidades al expresar que comprende, entre otras atribuciones, la de establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes (inc. j) y el art. 50 in fine prescribe que dicho régimen será definido por cada facultad cuando las universidades cuenten con más de cincuenta mil estudiantes. Si bien resulta claro que, de acuerdo con tales disposiciones, a partir de la sanción de la ley citada y de la aprobación del Estatuto Universitario en 1995 (v. art. 22, inc. k) es el Consejo Superior de la UNT el órgano competente para dictar la reglamentación pertinente, dicha circunstancia -que no se encuentra en tela de juicio en el sub lite- no debe ser confundida con lo referido a la vigencia de las normas dictadas por las autoridades universitarias al amparo de legislaciones actualmente derogadas. En efecto, el régimen que se aplicó durante el período lectivo 1998, en el cual los hijos de los actores aspiraban a ingresar a la Facultad de Medicina, tuvo su origen en el ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida al Consejo Directivo por el Estatuto que regía en aquel momento, se incorporó al ordenamiento jurídico específico de la Universidad y, por lo tanto, pienso que mantiene su vigencia mientras el nuevo órgano competente no lo derogue en forma expresa o, en su caso, dicte la reglamentación que lo sustituya. En este sentido, no resulta ocioso señalar que una interpretación contraria a la propuesta conduciría a generar situaciones irrazonables de vacío legal al quedar sin vigencia determinadas normas del ordenamiento jurídico cada vez que las normas generales modifiquen o priven de competencia a los -4-

6 Procuración General de la Nación órganos específicos que las hubieran dictado, provocando así una suerte de derogación automática prematura, sin mediar ninguno de los mecanismos aptos para producir tal efecto. -V- Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la presente queja y dejar sin efecto la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso extraordinario. Buenos Aires, 7 de octubre de 2003 Es Copia Nicolás Eduardo Becerra -5-

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