Erica Cerra | January 2013 (115) | Emmanuel Curtil

La Plata, 15 de marzo de 2016


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1 La Plata, 15 de marzo de 2016 VISTO El artículo 55 de la Constitución Provincial, los artículos 12, 27 y ccdtes de la Ley del Defensor del Pueblo, el artículo 22 del Reglamento Interno de la Defensoría, el Expediente Nº 8399/15, y CONSIDERANDO Que se inician las actuaciones de referencia a raíz de la presentación realizada por la Sra. M T C, DNI ***, quien reclama un excesivo retraso en la actualización de su haber jubilatorio en el cargo de Docente de la Armada Argentina, por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires(IPS), Que relata la reclamante que cuando otorgan el aumento de los docentes de la Armada Argentina, primero debe solicitar la respectiva certificación en el Edificio Libertad en Capital Federal (trámite que insume varios meses), y que luego debe presentar la misma ante el IPS, que demora más de 6 meses en otorgar la mencionada actualización, ya que dichos aumentos no son aplicados de oficio por IPS. Que en virtud de lo expuesto, la reclamante manifiesta que demora más de un año el cobro del haber actualizado, expresando la necesidad que ambos organismos lleven a cabo algún plan de acción que facilite la movilidad en sus haberes sin su intermediación y con mayor celeridad.

2 Que aduce afectado el principio constitucional de igualdad considerando que los jubilados que cumplieron funciones en otros municipios y organismos de la Provincia no presentarían inconvenientes en la movilidad de sus haberes. Que desde nuestro Organismo se han remitido solicitudes de informes al Instituto de Previsión Social de la Provincia, de las cuales no hemos obtenido respuesta hasta la actualidad. Que la administración tiene la obligación y el deber jurídico de pronunciarse frente a las peticiones que le formulan los particulares, quienes - correlativamente- tienen el derecho a obtener de ella una decisión fundada. Que No decidir o decidir fuera del plazo constituyen actos irregulares de la administración que perjudican al particular y atentan contra la eficacia de la actividad de aquella. Ante la falta de resolución, se han contemplado diversas soluciones a la morosidad administrativa, pues de lo contrario la carga que grava a la administración pública de emitir el pertinente acto administrativo, y el derecho del particular al respecto, vendrían a ser ciertamente ineficaces si el propio ordenamiento jurídico no arbitrara correlativamente los mecanismos correctivos." (Amparo por mora de la Administración Pública; Horacio D. Creo Bay - Tomás Hutchinson, Ed. Astrea, 2006, pág. 2 y ss). Que la ley de procedimiento administrativo -art. 1 DL 7647/70- establece que las actuaciones administrativas deben impulsarse de oficio -art. 48-, que incumbe a las autoridades encargadas de su despacho adoptar las medidas oportunas para que la tramitación no sufra retrasos -art. 50-, y que los plazos administrativos son obligatorios para las autoridades públicas -art. 71-

3 (ver (SCJBA; Fernández, Héctor R. c/ Policía de la provincia de Buenos Aires s/ Amparo; B , del ). Que "Esa actitud omisiva de la autoridad estatal resulta, pues, violatoria del derecho de defensa del reclamante, que se integra con el derecho a obtener una decisión no solo motivada, sino también oportuna y que en el ámbito del procedimiento administrativo deviene una obligación de la Administración inherente al principio del debido proceso adjetivo que lo informa (art. 15 in fine, Constitución provincial, doctr. causas B "Muñoz", sent. del 12-V-2004 y B "Viera", sent. del 1-XI-2004)" (SCJBA; Fernández, Héctor R. c/ Policía de la provincia de Buenos Aires s/ Amparo; B , del ). Que el derecho de peticionar ante las autoridades, reconocido expresamente en la Constitución Nacional artículo 14, y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre artículo 24, de jerarquía constitucional conforme lo establece expresamente nuestra propia carta fundamental (artículo 75, inciso 22), no se agota por el mero hecho de permitirle al particular que presente su pretensión. Resulta necesario, además, el reconocimiento del derecho a ofrecer y producir la prueba pertinente en el expediente administrativo y, sobre todo, el derecho a obtener una decisión fundada. Que se trata del respecto al principio del debido proceso adjetivo, que importa una expresión de la garantía de derecho de defensa consagrada en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, y de la tutela judicial efectiva reconocida en los artículos 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en los artículos 2º, inc. 3, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el

4 artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos con jerarquía constitucional. Que por tal motivo, la administración tiene el deber de resolver las cuestiones planteadas por los particulares legitimados a tales efectos. Este deber surge de la obligación que impone el derecho del administrado de dar una decisión fundada, y encuentra fundamento en el principio de obligatoriedad de la competencia que impone la LNPA, y en los principios que rigen en el procedimiento administrativo, incorporados positivamente en dicha ley, tales como los de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites administrativos. Que el Derecho a la igualdad está reconocido expresamente en el texto de la Convención Americana de los Derechos Humanos -artículo 24-; la Declaración Americana de los Derechos del Hombre -artículo 2-. Estas normas internacionales se complementan con el artículo 16 de la Constitución Nacional cuando dice que La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas Que asimismo, la jubilación es un derecho (Conf. art. 14 bis, 16, art. 17 art. 28 de la C. N.), que reconoce a toda persona el derecho humano básico a descansar tras una larga vida de entrega al trabajo en beneficio propio y de la sociedad y de que ésta le garantice una subsistencia digna hasta el fin de sus días. Que, el art. 50 del Decreto-Ley 9650/80, no sólo recepta la movilidad que proviene de la Constitución sino que la completa al establecer

5 que los importes de las prestaciones deberá ser actualizado de oficio por el Instituto de Previsión Social. Que una mala interpretación del mentado art. 50 del Decreto- Ley 9650/80, infringiría el principio de movilidad de las prestaciones previsionales consagrado en los arts. 14 bis de la Constitución Nacional y 11 de la Provincial, viola los arts. 36 incs. 1º y 39 inc. 3º de la Constitución de la Provincia, y afecta el derecho de propiedad (art. 17, Const. Nac.), Que, la garantía de movilidad de los haberes en conjunción con los principios de indemnidad y progresividad no admite otra interpretación que no sea preservar o mejorar la cuantía de los haberes jubilatorios. Que el artículo 55 de la Constitución provincial establece que el Defensor del Pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes. Que de conformidad con el artículo 27 de la Ley y lo resuelto por la Comisión Bicameral Permanente del Defensor del Pueblo en fecha 25 de febrero de 2015, corresponde emitir el presente acto. Por ello, EL SECRETARIO GENERAL A CARGO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RESUELVE

6 ARTÍCULO 1: RECOMENDAR al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), arbitre los medios necesarios para evitar el retraso en la actualización de los haberes jubilatorios de los Docentes de la Armada Argentina, conforme los considerandos vertidos en la presente resolución. ARTÍCULO 2: Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese. RESOLUCION Nº 34/16.-

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